Ángeles González-Sinde y yo. Tres. Gestación. 08MADRID1351

Hoy, día de Navidad, seguimos con esta serie sobre la dueña y señora de nuestra sabiduría. Ya que el verbo se ha hecho carne, haremos la carne verbo, es decir, no pararemos de hablar de ella hasta que desaparezca, como la malvada bruja del Este en El mago de Oz. Os preguntaréis quién es el mago de Oz. Lo habéis adivinado, es Julian Assange.

 

Vamos a trabajar con un despacho emitido por la Embajada hace dos años y tres días, el 22 de diciembre de 2008. Nuestra querida amiga aún no ocupaba su cargo actual. Presidía la Academia de cine que su padre fundó veinte años antes de su nombramiento, pero esa, como tantas, es otra historia.

Es un documento largo, de manera vamos a intentar ser breves. Sí que enlazaremos párrafos en el número de cada apartado, por si alguien quiere hacer consultas. El despacho, titulado España presta más atención a la piratería y a los derechos de propiedad intelectual,  está en 08MADRID1351. El trabajo de WikiLeaks es ingente y merece cierto respeto.

El largo resumen de un larguísimo despacho

Resumen

1. El primer párrafo es un resumen del documento. Ya que, a su vez, estamos resumiéndolo, no deberíamos entrar en resumir el resumen. De todas formas, los títulos de los siguientes apartados pueden aportar una visión general del cable. Para los que hayan leído el documento o solo quieran ver el despiece sin conocer su naturaleza, recomendamos pasar al análisis.

Se presenta un manual para el cumplimiento de los derechos de autor

2. El once de diciembre, el Director General de Política e Industrias Culturales Guillermo Corral Van Damme hace público el Manual de buenas prácticas para la persecución de delitos contra la propiedad intelectual. Este manual, en el que no hay institución pública o privada que no colabore, solo hace referencia a los derechos de autor, no a las patentes ni a las marcas registradas. Habla tanto del  "top manta" como de la llamada piratería digital.

3. En la presentación, Corral, junto con representantes de cuerpos policiales, judiciales y Promusicae, toma la palabra para decir que el manual muestra los principales problemas que plantea la piratería (sic.) y las posibles soluciones para creadores, propietarios de los derechos, intermediarios, así como para la policía, los jueces y fiscales.

4. José Luis Pérez Quintero, de Promusicae, expresa su agradecimiento al Gobierno por el manual, y por estipular que el intercambio o la descarga de archivos protegidos siempre constituye algún tipo de actividad ilegal. También faculta a un agente de policía para que entre con nombre falso en redes P2P para recabar información sobre el intercambio no autorizado de obras protegidas.


5. Este apartado es un comentario sobre la Circular 1/2006 del 5 de mayo (podéis leerla en el link) "Sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003", que afirma que sólo se puede perseguir a los infractores si hay ánimo de lucro o perjuicio de terceras partes. Esto despenaliza en esencia el intercambio de archivos, lo que ha provocado las quejas de los propietarios de derechos de autor, que han visto cómo los jueces archivan todas las causas sobre P2P al no existir ánimo de lucro. El Gobierno responde a estas críticas proponiéndoles la vía civil. Aunque este manual no tiene ni la intención de modificar la circular, los propietarios de derechos de autor esperan que, con la declaración ambigua de que todo intercambio no autorizado constituye cierta actividad ilegal, la justicia empiece a perseguir más a los infractores.

Críticas a la SGAE

6. El Ministerio de Cultura busca mejorar la imagen de las entidades de gestión de derechos de autor, que la sociedad ve como parásitos que viven de la renta a costa de los demás, con ejemplos como el canon digital.

7. La principal gestora de estos derechos, la SGAE, ha sido muy criticada en los medios de comunicación por contratar a un detective que se coló en una boda para obtener pruebas de que en la celebración sonaba música sujeta a derechos de autor sin que nadie hubiera pagado la tarifa correspondiente. Esto dio lugar a un largo juicio por la violación del derecho a la intimidad de los novios y a artículos en medios de comunicación como El País sobre las prácticas agresivas de la SGAE. (Este asunto acabó con una multa de la Agencia de Protección de Datos a la SGAE de 60.101 euros, además de la anulación del vídeo como prueba.)

8. En la presentación del manual, hubo preguntas sobre si este tipo de actuaciones por parte de la SGAE se consideran buenas prácticas, a lo que el Director General respondió que solo las autoridades competentes tienen la potestad de hacer cumplir las leyes, y que este tipo de entidades privadas pueden informar o denunciar lo que estimen oportuno, pero no tomarse la justicia por su mano. El entonces ministro de Cultura César Antonio Molina habló del asunto en la misma línea en un desayuno con la prensa, haciendo ver a la SGAE que, siendo una entidad con tanta historia y tan respetada (sic.) no debía caer en este tipo de prácticas ilegales.

Atención a la piratería (sic.) y posibles soluciones

9. Las recientes actuaciones del Gobierno, que incluyen campañas y regulaciones por venir, han generado más interés y cobertura en los medios de comunicación, con artículos diarios en El País durante la semana del 15 de diciembre con la opinión de representantes de las distintas partes. Destaca el punto de vista del presidente de France Telecom (que opera en España bajo el nombre de Orange), Didier Lombard, que aboga por implementar un régimen de respuesta gradual mediante avisos a los usuarios similar al contemplado en la ley Hadopi.

10. El 20 de noviembre, un grupo de treinta ciberactivistas se manifestaron frente a la sede del PSOE con dos ordenadores conectados a redes P2P, en respuesta a un posible endurecimiento de las leyes contra la llamada piratería.

Comentario

11. El comentario habla de la mala imagen de la SGAE y entidades similares por el canon digital y otras actuaciones, lo que ha provocado cierto revuelo en la campaña electoral de 2008 y puede hacer perder a los dueños de los derechos de autor la batalla de la opinión pública. A su vez, el encendido debate en las páginas de El País y la manifestación de los internautas dan la sensación de que puede haber un cambio legislativo.

Análisis. El comienzo de una bella amistad

Este despacho del embajador Aguirre dibuja de una manera muy clara la situación de la propiedad intelectual en España unos meses antes de que la reina de corazones tomase posesión de nuestro destino. En la entrada anterior pudimos ver la situación unos meses después. Hay semejanzas y diferencias, pero está claro el papel que ha jugado el Gobierno en todo este proceso y sus motivaciones. Eso lo dejamos para el final.

En primer lugar, debemos resaltar la participación de Promusicae en la presentación del Manual de buenas prácticas. Promusicae es la asociación que representa a la industria discográfica en España. Es muy interesante que asista un representante de una parte interesada, y que tome la palabra. También lo es la participación de las entidades de gestión de derechos en la elaboración del manual, que es un documento público que deben usar la policía, los jueces y los fiscales. Otra vez el utilizan dinero de todos en beneficio de unos pocos.

José Luis Pérez Quintero, de Promusicae, agradece al Director General sus esfuerzos en la elaboración del manual, pero, sobre todo, que incluya una declaración sobre el intercambio o descarga de archivos protegidos por los derechos de autor. De manera ambigua, el documento declara la descarga de contenido protegido como ilegal. Bien, un manual de buenas prácticas no es una ley, y no puede declarar ilegal nada, sean las descargas o el adulterio, y eso lo saben bien los autores. Es decir, el Gobierno, que sabe que, mientras no haya contraprestación económica, las descargas son legales, intenta contentar a la industria de contenidos con una frase en un manual que, de forma vaga, define las descargas como actividad ilícita. Bienvenidos al mundo de la conjetura, a la verdadera calle de en medio. Esta frase no compromete a nada, pero simula contentar a la industria.

Ahora vamos a presentar a la policía de Internet. Estos ciberagentes, como un Robocop moderno, entran en las siniestras redes P2P, en los bajos fondos del gratis total donde reina la anarquía perversa, con el fin de desenmascarar a las sabandijas que roban, sí que sí, las gloriosas obras de nuestros ilustres y guapos creadores, que se sienten enredados en la Red de redes. Entran con nombre falso, nada de torpes nicks como paquito_policianacional, o cop25cm, o 091machoman, ya que los aviesos enemigos de la belleza son astutos y no consienten en hablar con la Ley. Y obtienen nuestros nombres, nuestra IP, nuestros gustos, sacan los colores a los amantes del BDSM, conocen el culebrón secreto que hemos bajado para nuestras madres. Todo lo ven. ¿Y qué hacen con ese gran volumen de información? Bueno, pues... Nada. No pueden hacer nada porque la descarga de archivos, por muy protegidos que estén, es legal en nuestro país. Por eso les conminamos a que introduzcan esa información en un pendrive (los CD tienen precios abusivos por culpa del canon y además son incómodos) que se pueden insertar en el orificio corporal de su elección.

Se habla de la famosa Circular 1/2006, que declara no punible el P2P y la descarga de archivos mientras no haya ánimo de lucro. Ese es el camino de la Ley Sinde. El ánimo de lucro de las páginas que alojan enlaces de descarga directa, torrents o enlaces e2k implica para nuestros queridos políticos que venden contenidos que no les pertenecen. Por lo tanto, es posible cerrarlas. Sin embargo, si esos archivos están alojados en Megaupload, en Rapidshare o en el ordenador de un particular y no en los servidores de estas páginas, ningún juez en su sano juicio les condenaría por obtener beneficios de mercancía robada que no obra ni ha obrado en su poder. Como en el intercambio entre particulares en sí no hay ánimo de lucro, es imposible cerrar páginas que solo contienen enlaces. Del sentido común de esta circular viene el sinsentido de la Ley Sinde.

Las críticas a la SGAE por parte del Director General e incluso del entonces ministro de Cultura, César Antonio Molina, se entienden como estratégicas. El fin justifica los medios, pero si los desmanes de las entidades de gestión salen en la foto, la batalla está perdida. Hace tiempo que la SGAE y los supuestos creadores son los malos oficiales de la opinión pública. Han hecho méritos. Han entrado en bodas, denunciado a escuelas, peluquerías, bares, restaurantes, a estudiantes que administraban páginas de enlaces. Han entrado en casas particulares diciendo que actuaban en nombre del juzgado. Han cometido delitos amparándose en lo que supone ser una asociación que representa nada menos que la creación de cultura, y les ha salido gratis total. De hecho, el Estado cobra para esta asociación un impuesto de los ciudadanos por si se atreven a ejercer el derecho a copia privada y graban su material en otro soporte. No vamos a entrar en el canon y la maravilla dialéctica de justificar y a la vez no justificar las descargas. Lo que sí nos parece notable es que los perpetradores, si tienen el poder económico, siempre se van de rositas. El Gobierno está en este momento preparando una ley para ellos por el fracaso de la Ley Sinde. Les invitaron a trabajar en un manual de buenas prácticas, y les corrigen para que no se cubran de gloria con sus actuaciones, inútiles y malvadas a partes iguales (Pierre Nodoyuna se queda corto). Así que, de críticas, nada.

Digno de resaltar es el papel de las telecos, y especialmente de la bendita Orange, que propone una ley de avisos a la francesa que actúe contra usuarios particulares. Los proveedores de Internet solo quieren mantener el negocio y no perder clientes. Mientras paguen, pueden secuestrarlos incluso sin darles servicio mientras la ley les ampare. Pero, en estos casos, dar un paso en falso puede suponer caer desde muy alto. Por eso nos extrañan las declaraciones de Didier Lombard, a no ser que France Telecom, antigua empresa pública francesa, haya recibido instrucciones del embajador americano a través de Sarkozy para extender Hadopi allá por donde vaya la empresa.

Queda por hablar de las intenciones del Gobierno. Cuando el río suena, agua lleva, así que el Manual de buenas prácticas, el apaciguamiento de la SGAE, las manifestaciones en contra del endurecimiento de las leyes y, sobre todo, el clima de opinión en la prensa, en principio afín al Gobierno, que representan el Grupo Prisa y el periódico El País, dejan claro al embajador que algo va a ocurrir. Y vaya si ocurre algo. En cinco meses escasos, nombran ministra de Cultura a la presidenta de la Academia de cine, una guionista de una conocida familia de cineastas a la que las descargas tocan, digamos, cerca. Es la persona ideal para preparar un plan junto con la industria cultural y la Administración americana que acabe con la Red que todos conocemos, donde un enlace no es delito, solo es un enlace.

La gestación de Ángeles González-Sinde ha empezado.

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