Las infraestructuras críticas y el terror. Ley 8/2011 de 28 de abril

Tenemos entre manos algo grande, tan grande como toda una ley del Estado español que afecta a todos los lectores de este blog, a Anonymous, a las animadoras, a los internautas y a cualquier ciudadano que quiera ejercer su derecho a la protesta pacífica en un país democrático en todo menos en la práctica. Si la Ley Sinde parecía el último grito contra la libertad de expresión, aquí tenemos, calentita, en PDF para leer en la máquina, en EPUB para el ereader y pronto en cómic para los niños, el último alarido en censura informática, la madre de todas las batallas. Os presentamos la Ley 8/2011 de 28 de abril. Como siempre, recomendamos la lectura del texto completo, que citaremos de todas formas.

El terrorismo

Vía libre.

A partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la palabra terrorismo ha disfrutado de una parcela casi latifundista en casi cualquier idioma articulado. Veamos su definición. Según la el diccionario de la lengua española de la Real Academia:

Decíamos que este término ha tenido un uso muy amplio, por usar el eufemismo, por parte del poder político, del ejército, de los medios de comunicación y de todos los ciudadanos. Vamos a analizar las dos definiciones que tenemos.

Una historia verdadera.

En primer lugar, la segunda, que es la que define los atentados terroristas, esto es, una "sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror". Es el caso de una organización que, para conseguir unos fines, trata de atemorizar a la población. De esta manera, consigue relevancia y poder de negociación, por un lado, e infunde el miedo, el terror, en sus detractores, que suelen ser las víctimas de estos ataques.

Lo demás ya lo conocemos todos. Manifestaciones de la población, persecución de los presuntos perpetradores por los delitos cometidos, incluso en los confines del mundo, pero también justificación de guerras (Afganistán e Irak), asesinatos y ejecuciones extrajudiciales (Israel quiere batir el récord de la Alemania nazi). Cualquier medida, por impopular que sea, es posible si aparece el terrorismo. Está en juego la vida de la población, la vida de los niños. ¿Quién piensa en los niños?

Así, todo está justificado. Desde la prohibición de pasar un control de seguridad tras el que se venden botellas de agua a cuatro euros con una botella de agua, hasta la guerra de Irak, Estado terrorista con armas de destrucción masiva. El terrorismo es, entonces, una fuente inagotable de recursos para las diferentes formas del poder político y económico.

Texto de la Ley.

La Ley

En este caso, nos volvemos a encontrar con la palabra terrorismo, esta vez en una ley, respetable e inofensiva en apariencia, con el siguiente punto de partida:

"Los Estados modernos se enfrentan actualmente a diferentes desafíos que confieren a la seguridad nacional un carácter cada vez más complejo. Estos nuevos riesgos, generados, en gran medida, por la globalización, y entre los que se cuentan el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva o el crimen organizado, se suman a los ya existentes, de los cuales el terrorismo tradicional venía siendo un exponente."

El marco que hace necesaria una ley específica de protección de infraestructuras es un nuevo mundo interconectado en el que proliferan nuevas amenazas para los ciudadanos de un Estado democrático. Nos gustaría resaltar, aparte del propio terrorismo, el concepto de armas de destrucción masiva, que se ha convertido en todo un lugar común siempre que llega el momento de anteponer la seguridad a la libertad.

"Los problemas de seguridad que pueden desencadenarse en cascada a través del propio sistema tienen la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y cada vez más graves en los servicios básicos para la población."

Entramos en territorio desconocido. La Ley nos habla de posibles problemas de seguridad en cascada que, en resumen, pueden dejar a los ciudadanos sin servicios básicos. Cuando Anonymous atacó la web del Ministerio de Cultura, Ángeles González-Sinde nos habló de los estudiantes que no habían podido tramitar una beca en el sitio del Ministerio por culpa de la denegación de servicio. Estudiantes con pocos recursos a los que Anonymous les niega la educación. Hay que enterarse. El Plan Bolonia no tiene la culpa. La culpa es de esos freakies que quieren instaurar la anarquía perversa.

Siento una perturbación en la seguridad.

"Hasta tal punto es así, que cualquier interrupción no deseada –incluso de corta duración y debida bien a causas naturales o técnicas, bien a ataques deliberados– podría tener graves consecuencias en los flujos de suministros vitales o en el funcionamiento de los servicios esenciales, además de provocar perturbaciones y disfunciones graves en materia de seguridad."

Esas interrupciones (DDoS), aparte de la interrupción del servicio, provocan perturbaciones en materia de seguridad, sean lo que sean esas perturbaciones. Oigo la respiración del villano de cierta saga de aventuras en el espacio.

"Paralelamente, existen también una serie de actuaciones desarrolladas a nivel internacional en el ámbito europeo: tras los terribles atentados de Madrid, el Consejo Europeo de junio de 2004 instó a la Comisión Europea a elaborar una estrategia global sobre protección de infraestructuras críticas."

No puede quedar fuera la mención específica de un atentado en particular. Si en el mismo texto en el que hablamos de interrupción de los servicios informáticos introducimos una matanza que conmovió a toda la sociedad como fue el atentado del 11 de marzo de 2004, esos dos fenómenos se convierten, por arte de magia, en la misma cosa, y por lo tanto deben ser atajados de la misma forma. 

"Las actuaciones necesarias para optimizar la seguridad de las infraestructuras se enmarcan principalmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas y, muy especialmente, contra ataques terroristas, resultando por ello lideradas por el Ministerio del Interior."

Dicho de otra forma, la Ley protege las infraestructuras de los ataques terroristas, pero, de paso, de cualquier agresión deliberada. El Ministerio del Interior, es decir, el poder ejecutivo, adquiere una serie de competencias espaciales para protegernos de estos ataques contra la integridad de servicios, pero también contra la seguridad económica de los ciudadanos (léase multinacionales). Más adelante, en el texto, veremos lo que el Ministerio está dispuesto a hacer por nosotros:

"El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, elaborará el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, siendo éste el documento estructural que permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas para proteger las infraestructuras críticas en la lucha contra el terrorismo."

Aparte del acento sobre un pronombre demostrativo en contra del criterio de la RAE, lo que convierte al redactor de esta ley en, por llamarlo de algún modo, todo un rebelde, nos llama la atención, de nuevo, el terrorismo. El terror, en todas sus formas, está detrás de acciones de índole diversa, tanto por vías tradicionales (el tiro en la nuca, las bombas), como por otras más exóticas. La tecnología, que es un arma de doble filo, tiene la respuesta:

Arma de destrucción masiva.

"Se hace preciso elaborar una norma cuyo objeto es, por un lado, regular la protección de las infraestructuras críticas contra ataques deliberados de todo tipo (tanto de carácter físico como cibernético) y, por otro lado, la definición de un sistema organizativo de protección de dichas infraestructuras que aglutine a las Administraciones Públicas y entidades privadas afectadas. "

Por fin, la palabra cibernético hace su aparición estelar. En la era de Internet, los malvados terroristas no solo atacan físicamente a los ciudadanos, sino que destruyen nuestros canales de comunicación con el Estado, como el Congreso, el Senado o los partidos políticos; con empresas como Visa, MasterCard, y PayPal; y con instituciones de función social innegable y prestigio inmaculado como, por ejemplo, la SGAE o la Academia de Cine.

El pueblo quiere acceder a sus instituciones, y no desea que los correos de los senadores, de los diputados, de los representantes de la voluntad popular, se inunden y les dejen sin realizar su impagable labor. Tampoco desea que la seguridad de su tarjeta de crédito se vea comprometida. El pueblo quiere usar su dinero para comprar, para pagar a sus queridas empresas por el objeto de su deseo, en definitiva, por vivir. Y qué decir de los creadores, aquellos que protegen algo tan preciado como la propiedad intelectual, sin la cual solo tiene valor lo físico, lo feo, el ladrillo y las bombas de racimo.

Por favor, queremos que el Gobierno pare esta locura. Un minuto, un segundo de interrupción del servicio que ofrecen estos puntales del desarrollo puede suponer una reacción en cadena que, seguramente, destruiría todo el Universo. No importa que el Gobierno ejerza el poder con mano de hierro, que las multinacionales expolien el planeta, que los dueños de derechos de autor entren en los bares, en las casas de esos malditos piratas, para darles lo que sin duda se merecen. Estos crímenes no deben, no pueden quedar impunes.

IFPI y The Pirate Bay, juntitas.

"Se impulsará, además, la colaboración e implicación de los organismos gestores y propietarios de dichas infraestructuras, a fin de optimizar el grado de protección de éstas contra ataques deliberados de todo tipo, con el fin de contribuir a la protección de la población."

Entre ellos, la Ley establece la definición de operadores críticos:

"Operadores críticos: las entidades u organismos responsables de las inversiones o del funcionamiento diario de una instalación, red, sistema, o equipo físico o de tecnología de la información designada como infraestructura crítica con arreglo a la presente Ley."

Operador no muy crítico.

El Estado, por lo tanto, debe implicar a los encargados de gestionar las redes en nuestro país, a los operadores críticos, es decir, los ISP, para proteger las infraestructuras. Movistar y otras empresas respetables deben ayudar al Gobierno, tienen que identificar a los perpetradores, a los que, aprovechando la globalización, entran en la Red y se dedican a revolver, a ponerlo todo patas arriba. Hay que entregarlos a la Justicia, con carácter retroactivo, para acabar con su impunidad perversa, con sus actividades, en las que sin duda hay implicados menores, niños que usan como soldados en su guerra cibernética. Es un deber de los proveedores de Internet, por lo tanto:

"Facilitar las inspecciones que las autoridades competentes lleven a cabo para verificar el cumplimiento de la normativa sectorial y adoptar las medidas de seguridad que sean precisas en cada Plan, solventando en el menor tiempo posible las deficiencias encontradas."

Autopistas de información.

Nada puede escapar al orden, no hay cabos sueltos ni agujeros que valgan. A continuación, la nueva Ley define las infraestructuras que podemos considerar estratégicas y, más aún, entre ellas, a las críticas:

"Infraestructuras estratégicas: las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales."
"Infraestructuras críticas: las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales."

Destacan la urgencia y la ausencia de soluciones alternativas. Sin estas infraestructuras (por ejemplo, una página web), los servicios esenciales se verían comprometidos. Lo que también nos dice la Ley es que el Ministerio del Interior, es decir, el propio Gobierno, será el encargado de decidir qué estructuras, qué servicios, qué páginas web, serán considerados infraestructuras críticas. Es como la Ley Sinde, pero a la inversa:

"La competencia para clasificar una infraestructura como estratégica, y en su caso, como infraestructura crítica, así como para incluirla en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, corresponderá al Ministerio del Interior, a través de la Secretaria de Estado de Seguridad."

Los malotes.

Así, Internet contará con sitios indispensables para el desarrollo normal de la sociedad, sitios web invulnerables con los que no nos conviene jugar al DDoS en virtud de esta ley; y sitios que vulneran los derechos de propiedad intelectual y que serán cerrados nada más crearse, gracias a la Ley Sinde. Cualquier página web, blog, periódico, foro, canal de vídeo, sitio de un partido, de una organización, tendrá su etiqueta. Por un lado, los buenos, los que prestan un servicio impagable a la sociedad (quién puede vivir sin la web del PSOE, o sin la del PP) y, por otro lado, los terroristas, las oscuras vías de comunicación de las siniestras redes de delincuentes que, desde un sótano, se dedican a atacar a los primeros. Ni en los sueños más húmedos del gran George W. Bush aparecía este ejemplo de paraíso.

Entre los llamados criterios horizontales de criticidad (no es un trabalenguas), en virtud de los cuales esta ley permite catalogar una infraestructura como crítica, destacan, siempre desde el endemoniado punto de vista de las animadoras, los siguientes:

"El impacto económico en función de la magnitud de las pérdidas económicas y el deterioro de productos y servicios."

Eso es lo primero. Los ataques de denegación de servicio (DDoS) ocasionan graves pérdidas económicas al Estado (es decir, a todos) y a las empresas, a las fuerzas vivas que hacen que el país avance y que el mundo gire.

"El impacto público y social, por la incidencia en la confianza de la población en la capacidad de las Administraciones Públicas, el sufrimiento físico y la alteración de la vida cotidiana, incluida la pérdida y el grave deterioro de servicios esenciales."

La administración no debe quedar en ridículo. No podemos permitir que los ciberterroristas ganen la batalla de la opinión pública, lo cual sí que sería un verdadero sufrimiento físico. El poder que emana de la voluntad popular, del que el Gobierno de España es ejecutor, debe superar por ley en prestigio a estas células que, organizada en siniestros chats antediluvianos, tratan de minar la moral del pueblo y el honor de los gobernantes. Cualquier otra opción es, aparte de indecente, inaceptable.

Un barco llamado Prestigio.

"El Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (en adelante, el Sistema) se compone de una serie de instituciones, órganos y empresas, procedentes tanto del sector público como del privado, con responsabilidades en el correcto funcionamiento de los servicios esenciales o en la seguridad de los ciudadanos."

Una animadora de pelo
corto.

El Sistema lo es todo. Los operadores críticos, el Ministerio, el Gobierno, las empresas afectadas, los nuevos organismos creados, como el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), todos nos están vigilando. El Sistema es una antigua forma de llamar al Gran Hermano, que tiene nuevas encarnaciones gracias a esta ley. El Sistema nos protege, mantiene nuestra forma de vida, nos canta una nana, pero también puede controlarnos, avisarnos y sancionarnos, por nuestra seguridad.

Por fin llegamos a la primera definición de terrorismo, la "dominación por el terror", de la que esta ley es un ejemplo notable.




PS: Damos las gracias a Zapirika Pika (EdM de Cádiz), sin la cual no habríamos siquiera leído esta ley tan exquisita.

PSP: Esta noche, a la 1h00 de la madrugada, hora española, comienza de nuevo Operation: Payback. Toda la información sobre los ataques se actualiza constantemente en nuestra página DDoS, así que ya somos fugitivos.


IMMA CHARGING MAH LAZOR!!!!! 

¿Eins?

Sobre las animadoras

¿Quién no quiere salvar a una animadora?