Rumanía

Por si la anterior entrada no es suficientemente oriental, os invitamos, al contrario que los fundadores de los Estados Unidos de América, a ir un poco más hacia el este. Y, otra vez, al pasado (sí, seguimos empecinados en el aeropatín de estas Navidades). Bienvenidos, bienvenidas, a la República Socialista de Rumanía.

En 1989, Nicolae Ceaușescu, Presidente de Rumanía, murió ante un pelotón de fusilamiento cantando la Internacional. Era 25 de diciembre. Si Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno del Reino de España, muriera –Dios no lo quiera– fusilado, no creemos que cantase. Total, a punto de morir, sería mejor esperar a ver si las cosas se arreglan solas. Mejor dejar las gaitas para los gaiteros y pasar por este mundo sin hacer el ridículo como es natural. Para qué sumar la soberbia a las cuentas que sin duda le iba a pasar san Pedro en pocos segundos. Así es nuestro hombre, nuestro primus inter pares.

Pero eso ya lo sabemos, y hoy no vamos a hablar de diferencias, que están muy vistas. Hoy tocan las semejanzas. No os abrumaremos de nuevo con el poderío de los datos ni deconstruiremos al partido en el Gobierno con abstrusa palabrería. Para eso están los pobres Ciudadanos, que no dejan de recibir estopa (por cierto, quien haya descongelado a Pablo Iglesias debe recibir el premio Schock de Lógica y Filosofía por sus hallazgos en semántica: la criogenia ahora es una ciencia y vamos a morir todos).

Los premios

Hoy vamos a permitirnos empezar por los más recientes y cercanos, y por la anterior generación. En 1972, un directivo de Reace, empresa que contaba entre sus consejeros a Nicolás Franco Bahamonde, hermano de dictador –y, por otra parte, tocayo de dictador–, y que almacenaba aceite para la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, organismo dependiente del Estado, desvió para la venta cuatro millones de kilos de aceite. Los beneficios se destinaron a fundar otra sociedad que se vendió a precio de saldo. Entre los consejeros de esta última también figuraría (sorpresa) Nicolás Franco Bahamonde. El denunciante murió con su familia en su piso de Sevilla seis meses después de presentarse en los juzgados de Vigo. Según la policía, un suicidio colectivo (quizá ritual en un extraño culto familiar relacionado con las grasas no saturadas). Uno de los denunciados falleció en las duchas de la prisión de Vigo en extrañas circunstancias, y es que el jabón también lleva grasa, a veces no saturada.

Mariano Rajoy Sobredo, cuyos gastos de dependencia pagan los contribuyentes de la República Socialista de España, como los de todos los dependientes que tienen que ver con la familia Rajoy y que viven en el Palacio de la Moncloa (solo socializamos cuando ganan ciertas familias, a ver si va a resultar que somos comunistas), presidía la Audiencia Provincial de Pontevedra durante este caso. Es curioso, cuanto menos, que el padre del Presidente de un gobierno del Partido Popular, heredero de aquel franquismo sociológico que preconizó Manuel Fraga, ministro franquista y fundador del partido, presidiera el tribunal que obvió al hermanísimo y no entendió que tuviera nada que ver a pesar de estar en todos los consejos de administración implicados en un fraude de un millón de euros. Estamos seguros, sin embargo, de que el ascenso del entonces Marianín no tuvo nada que ver con esta causa ni con ninguna otra de la que pudiéramos (o no) tener constancia.

El abuelo de todos nosotros.

Poco después, en 1979, Mariano Rajoy Brey se convirtió en el registrador de la propiedad más joven de nuestro país. Había empezado a preparar las oposiciones con su padre antes de terminar la carrera de Derecho con excelentes calificaciones. Las animadoras solo son unas niñas y no saben mucho de estas cosas, así que jamás serían capaces de relacionar este hecho con el anterior.

Los demás hijos del señor Rajoy Sobredo también fueron prodigiosos opositores durante los estertores de la dictadura franquista, y ocupan u ocuparon (alguno está en compañía del Leñor por los siglos de los siglos, alabado sea Él) cargos de registrador de la propiedad o de notario. Es un caso digno de estudio. Todos ostentan un cargo de las más altas instancias de la administración pública. Las animadoras solo son unas niñas y no saben mucho de estas cosas. Y, claro, no se atreverían a aventurar hipótesis sobre las causas de este milagro.

Uno de ellos ocuparía varios puestos políticos (corregimos: todos los puestos políticos) hasta suceder al mismísimo José María Aznar en forma de candidato gris que perdió dos elecciones contra un compañero de los Jesuitas llamado José Luis Rodríguez Zapatero hasta ganar por fin contra los restos de un PSOE que ya aplicaba toda la letra de la receta neoliberal. La plaza de registrador que dejó en Santa Pola (que ostenta el récord de plaza de funcionario reservada durante más tiempo en Europa), el cobro continuado de sobresueldos en negro (su nombre bate el récord de aparición en los papeles de Bárcenas), los mensajes de ánimo a su tesorero (Luis, sé fuerte), el pago en negro de la sede nacional de su partido, la trama Gürtel, la Púnica y hasta el caso Naseiro son parte del pan y del circo de casi todos nosotros, pero la semilla, sin duda, al menos en algún sentido, la plantó Mariano Rajoy Sobredo, dependiente de todos y cada uno de nosotros, abuelo y padre de todo esto. De todos.

Nicolae Ceaușescu, hijo de un pastor (aquí no veremos magistrados del Reino de Rumanía), también plantó semillas. Su mujer, Elena, ingeniera química con numerosos premios que desconoció la fórmula del agua hasta que murió a finales de los ochenta, parió tres hijos, dos según los rumores. La primera, Zoia, aficionada a la noche, las drogas y a frecuentar la compañía de hombres casados, obtuvo una excelente calificación (un diez) en Bachillerato. Ese mismo año, el Gobierno cambió la ley para que todo aquel que llegara a esa calificación no tuviera que aprobar el examen de Selectividad. Esa ley fue derogada al año siguiente.

El segundo, Valentin, ganó un concurso –que solo se celebró ese año– por el que cien jóvenes rumanos serían becados para estudiar en el extranjero y estudió Física Atómica en el Reino Unido. Fue repudiado por su familia por casarse con una judía, y se dice que era adoptado.

Nicu, el tercer vástago del clan, fue ministro de la Juventud Comunista y organizó, en 1978, el Año de la Juventud. Era famoso por sus orgías, su adicción al juego y por sembrar el terror entre los pobres que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Murió de cirrosis hepática, como un cantante de bossa nova. Todos los Ceaușescu ganaron concursos. Todos obtuvieron excelentes calificaciones. Todos fueron premiados. Las animadoras solo son niñas y no saben mucho de esas cosas, conque jamás se atreverían a relacionar esto con, por ejemplo, su apellido.

La austeridad

El crecimiento económico de la República Socialista de Rumanía entre los cincuenta y principio de los setenta fue brutal, uno de los mayores del mundo. El Gobierno de Ceaușescu gozó de un gran respeto internacional tanto por este detalle como por su oposición a la invasión soviética de Checoslovaquia. Sin embargo, el crecimiento rumano se basó en la industria pesada, sobre todo en la industria química y la del acero, y no en la de bienes de consumo. Además, una planificación defectuosa que no tuvo en cuenta la demanda (malditos comunistas) dio lugar a grandes cantidades de excedente de producción al que no daban salida.

En los setenta, tras el mencionado enfrentamiento con la Unión Soviética, los países occidentales se ofrecieron a hacer préstamos a Rumanía, cuya deuda, que se multiplicó por diez en diez años, resultó (sorpresa) impagable. Al Gobierno de Ceaușescu no le quedó otra salida que solicitar una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, como de costumbre, impuso recetas neoliberales para hacer posible el pago de la deuda. En este caso concreto, la fórmula era simple, casi de capítulo de Seinfeld: reducir las importaciones y aumentar las exportaciones.

La familia Rajoy Brey.

Fácil, ¿verdad?. Como de costumbre, fácil para unos y difícil para otros. El prestigioso organismo internacional no tuvo en cuenta un pequeño detalle. Por aquel entonces, la mayoría de los alimentos consumidos en Rumanía eran importados. Esto provocó el racionamiento de la comida. Todos los recursos energéticos se destinaban a producir bienes exportables para pagar la deuda, lo que trajo el racionamiento de la electricidad y la calefacción.

El Gobierno redujo los salarios a través de un complicado sistema en el que los trabajadores debían aportar capital a las empresas públicas que pasaban a ser "de su propiedad", y aumentó los precios de los productos básicos (¿alguien ha oído IVA?).  Luego recortó en clásicos como vivienda, sanidad (la esterilización defectuosa de agujas hipodérmicas hizo que el SIDA tuviera una especial virulencia en el país), educación, cultura y ciencia. ¿Os suena?

En 1989, antes del plazo estipulado por el FMI, se terminó de pagar la deuda. Sin embargo, la extrema pobreza, el aumento de la mortalidad y la caída en picado de todos los estándares de vida que podamos imaginar provocó que la población se rebelara. No fue una cuestión de represión política –el miedo solo es un instrumento para mantener a la población bajo control, nunca el fin en sí mismo–, sino de hambre, simple y llanamente. El 25 de diciembre de 1989, una cámara de televisión grababa el fusilamiento de Nicolae Ceaușescu y de su esposa. Y así, queridos niños, se derriba un régimen comunista.

En septiembre de 2011, el PP y el PSOE cambiaron el artículo 135 de la Constitución Española de modo que "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado". Hasta entonces, intocable. De la noche a la mañana, cualquier Gobierno que incumpliere "los márgenes establecidos por la Unión Europea", por ejemplo, para pagar el subsidio por desempleo a algún que otro millón de familias que no tienen otros ingresos, podría ser llevado ante el Tribunal Constitucional. Sus medidas serían impugnadas, y necesitaría una mayoría cualificada (de tres quintas partes de cada una de las cámaras) para mover aunque fuera una coma de ese texto. Esto, y no el triunfo del Partido Popular que se produciría en noviembre de ese año, marcó el comienzo de las políticas de austeridad en el Reino de España.

En la práctica, ese cambio impide gobernar fuera de una receta neoliberal impuesta muy en la línea de lo recomendado por organismos como el FMI. Y así se blindan los intereses de la banca de cualquier injerencia de los de los ciudadanos. Las llamadas políticas de austeridad, junto con los préstamos del Estado a fondo perdido (malditos comunistas) que llamamos rescates bancarios y las sucesivas reformas laborales de gobiernos socialdemócratas (ya hablaremos de eso) y conservadores, han jugado un papel crucial para estrangular cualquier aspiración de la mayoría de los ciudadanos a mejorar su situación económica. Parafraseando a Darth Vader, el miedo al desempleo mantiene a raya a las clases subalternas, que pasan por el aro de la precariedad y no se atreven a votar opciones que se alejan de lo que quieren los que mandan porque, gracias a esta reforma constitucional, no hay alternativa.

La represión

Podríamos pasarlo por alto, pero no.

Aunque, cuando comenzó a gobernar, Nicolae Ceaușescu podía presumir de una gran popularidad, la deuda que contrajo con el FMI y la aplicación de recortes draconianos fomentó la aparición de cierta disidencia, especialmente durante los últimos años de su mandato. Esa disidencia tendría que ser aplastada, pero el dictador sabía que tenía que hilar fino si no quería perder el prestigio internacional que le quedaba, de manera que puso a sus asesores manos a la obra para crear la máquina represiva perfecta. Todos conocemos los excesos del final, pero antes, el terrible dictador recurrió a Gheorghe Feraru Diculescu, director de la Securitate (policía secreta rumana). Feraru sugirió varios cambios legislativos que acabaron cuajando y que cumplieron su función controlando a la población casi hasta el colapso del régimen.

Cargas policiales en Bucarest (la policía rumana también utiliza tipografía Terminator).

En primer lugar, Gheorghe Feraru Diculescu promulgó la Ley Căluș, que legalizó de facto las listas negras de disidentes, las redadas preventivas en cualquier sitio susceptible de ser utilizado para actividades políticas, los controles de identidad arbitrarios por perfil racial, los registros arbitrarios de ciudadanos por la autoridad y la disolución de manifestaciones o asambleas legales si se consideraba que podían alterar el orden público. Esta ley recurría a la sanción administrativa más que a las penas de prisión. Las multas, que oscilaban entre 2.700 y 135.000 lei rumanos de la época, eran impagables, y los ciudadanos se cuidaban muy mucho de alterar el orden resistiéndose a la autoridad aunque fuera de forma pacífica, tomar o difundir imágenes de miembros de la Securitate (su identidad secreta solo podía ser conocida por su inmediato superior e inferior, aparte del propio Feraru), ocupar cualquier dependencia del Gobierno (ponía especial énfasis en las sedes de la banca nacionalizada) o de reunirse sin autorización expresa de la Securitate en cualquier dependencia pública (en especial cerca de la Casa Poporului, el edificio más pesado del mundo, que servía de residencia y oficina a Ceaușescu y hoy es sede del Parlamento).

Como los rumanos no podían pagar esas multas, tenían que ingresar en prisión. Las penas de prisión, interminables para los presos, eran ridículas para el Gobierno, que se esmeró en redactar un nuevo código penal que desfaciera el entuerto. Verbigracia, Ceaușescu introdujo la prisión permanente revisable (lo que llamamos cadena perpetua) y cambió algunas faltas por delitos leves y otras por infracciones administrativas que no dependían de un juez sino del agente de la Securitate encargado en cada caso.

Los casos de corrupción afectaban a más y más miembros del Gobierno de Ceaușescu, y en mayor medida a los de su familia. Tanto que ni siquiera los jueces del régimen eran capaces de obviar las denuncias, a veces de otras facciones del Gobierno, otras de una esposa despechada o de un funcionario que consideraba que la mordida no era la correspondiente a su posición. Las causas se acumulaban en los juzgados de Rumanía. Los bosques de Transilvania no alcanzaban para tanto papeleo.

La mayor parte de las veces salían airosos. Al fin y al cabo, ellos mismos nombraban a los jueces que los juzgaban, ellos les pagaban y ellos podían expulsarlos como de hecho hicieron con el juez Garcescu, antiguo juez estrella de la Instanță Națională (tribunal análogo al antiguo Tribunal de Orden Público de la dictadura franquista) condenado por prevaricación por atreverse a procesar a uno de los amigos personales de Nicu Ceaușescu, que asistió a su boda en el palacio de la familia en Sibiu, cerrada al tráfico la noche del ágape para no importunar a los invitados a la fiesta posterior.

Las denuncias, aunque los medios de comunicación abrían y cerraban a voluntad de un régimen con poder omnímodo, empezaban a aparecer en algunos periódicos. Incluso el populacho se atrevía a abrir emisoras de radio sin licencia oficial. Ya era imposible de ocultar, y aunque las causas se acumulaban, prescribían o "se perdían", a su vez enrarecían el ambiente y se unían a la ya de por sí inagotable lista de demandas de la población. El Gobierno decidió acabar con los larguísimos sumarios de corrupción de una manera muy simple. La nueva Lecramiști (Ley de Enjuiciamiento Criminal) establecía que los imputados por delitos de corrupción pasaban a llamarse investigados. Se restringieron las imágenes de acusados en cualquier medio de comunicación. Y, sobre todo, fijaba un plazo máximo de seis meses (año y medio para las causas más largas) para investigar cualquier delito perpetrado en la República Socialista. No dotaba, sin embargo, de medios a la administración de justicia para instruir las causas con tanta brevedad. Y así, queridos niños, se acabaron los casos de corrupción.

Pero suponemos que a nadie se le ha pasado que hace cinco párrafos que no hablamos de Rumanía.

El juez rumano Balthazhar Garcescu.

Porque mi amor es azul

Las animadoras solo son niñas y no saben mucho de estas cosas, convencer no es tarea de animadoras y el sol sale por el este. Pero tenemos la redacción llena de dudas sobre quiénes son los millones de personas que aún van a votar al Partido Popular, una asociación creada para delinquir que ha sabido utilizar el Estado para poner a sus ciudadanos al servicio de los ricos vía blindaje constitucional del pago de la deuda en los plazos establecidos por los acreedores, recortes draconianos de los servicios públicos unidos a fuertes impuestos indirectos que terminan por destrozar la economía (la deuda externa ya alcanza el 100% de lo que un día Ortega Cano llamó Gran Poder Bruto), una reforma laboral que nos lleva de vuelta al feudalismo y reformas legislativas que acaban con la disidencia mientras impiden a los jueces perseguir la corrupción.

España. En serio. O sea.

Es una pregunta difícil de contestar. Se habla de clases medias que ven peligrar lo que tienen y temen que la izquierda acabe con su economía familiar a través de los impuestos. Pero la clase media, ilusión fordista que no dudamos que haya sido eficaz para estos fines en el pasado, se ha visto golpeada por todos estos cambios que nos hemos acostumbrado a llamar crisis y, aunque siga careciendo de conciencia de clase, hace tiempo que es presa de los efectos de la depauperación de todos los estratos sociales.

Hablan también de los mayores, once millones de personas que están por encima de los sesenta años y votarán mayoritariamente, según las encuestas, al PP, que ronda la cuarta posición por debajo de esa edad. Podríamos decir que un consejo de ancianos de once millones de personas va a decidir, entre polvorón y polvorón, que nos siga gobernando un señor que llegó adonde ha llegado como llegó y que hizo lo que hizo –por utilizar su propio estilo–. Pero este Gobierno ha dejado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llamada hucha de las pensiones) al 45% del valor que tenía para hacer frente a la paga extraordinaria y a las mensualidades de finales de año y cumplir el doble propósito de no tener que bajarlas antes de las elecciones y dejar un problema nada menor al Gobierno entrante (yo me apuntaría ese síntoma).

Podríamos pensar que los millones (en serio, o sea, como su lema de campaña) de personas que votan al Partido Popular se creen beneficiados por sus políticas. Es interesante si hablamos de un partido que gobierna para la elite: la elite, por definición, es un grupo reducido de personas.


Quizá los sociólogos que estos días trabajan a destajo para el PP, los legisladores, periodistas, jueces, empresarios, todo ese tejido bien engrasado con dinero público que mantiene la estructura actual, estén desarrollando un plan perfecto. Quizá controlan todo lo que pasa con mecanismos sutiles pero efectivos y estamos perdidos. Y estamos perdidos porque somos los culpables de lo que nos pasa: desde la señora a la que Rajoy le dijo hace tiempo que debería haberse preparado mejor a los parados a los que Andrea Fabra, hoy hija de convicto, gritaba "que se jodan".

Desde los emigrantes que se ven atrapados en un entramado burocrático urdido para que no voten y que tienen que aguantar que haya quien (hemos tenido la oportunidad de verlo últimamente) les recrimine sus quejas, hasta las familias a las que unos señores pertrechados con todo tipo de equipo que paga el Estado (es decir, los ciudadanos) desahucian mientras el mismo Estado entrega dinero a fondo perdido a esos mismos bancos porque, pobrecitos, no pueden vender las mismas casas de las que les han echado.


En serio. O sea. ¿Vais a seguir votándoles?


Viva el mal, viva el salario infinitesimal, el Zotal y el correo confidencial. Viva el toro de la Vega, la empanada gallega y la fraternidad labriega. Viva la obediencia ciega.


Sí, viva el mal, pero sigue a las animadoras en Twitter y (¡no, el Facebook no!) Facebook.

¿Eins?

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